Sídney (Australia), 12 sep (EFE).- Australia está planteando una legislación que impondría multas del 5 % de los ingresos globales a las redes sociales y plataformas digitales que distribuyan noticias falsas o engañosas con consecuencias graves, según un proyecto de ley presentado este jueves ante el Parlamento en Camberra.
El proyecto, conocido como la Enmienda de la Legislación de Comunicaciones (Lucha contra la Desinformación) de 2024, tiene como objetivo frenar los contenidos más peligrosos difundidos en plataformas digitales. A su vez, incluye protecciones claras para la libertad de expresión, de acuerdo con un comunicado oficial.
“La información falsa y la desinformación representan una amenaza seria para la seguridad y bienestar de los australianos, además de socavar nuestra democracia, sociedad y economía”, destacó la ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, en dicho comunicado.
Rowland justificó la propuesta alegando que “no hacer nada y permitir que el problema se agrave no es una opción”. El proyecto considera como daños graves la interferencia en procesos electorales o la divulgación de información falsa que ponga en riesgo la seguridad, la salud o el bienestar general de la población.
Para hacer frente a este creciente problema, la ley otorgaría mayores poderes a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA), que tendría capacidad para regular y auditar las plataformas digitales. Si estas empresas no adoptan medidas eficaces para contrarrestar la desinformación, ACMA podrá establecer un código sectorial obligatorio o dictar normas específicas.
Estas medidas complementarían los actuales códigos de autorregulación que han adoptado algunas plataformas, pero que se han demostrado insuficientes en muchos casos. Además, las redes sociales y plataformas digitales estarían obligadas a ser más transparentes respecto a las acciones que toman para frenar la desinformación.
Si se incumplen estas normas, las multas propuestas alcanzarían el 5 % de los ingresos globales de las plataformas, afectando a gigantes como Meta, propietaria de Facebook e Instagram. Meta, que este año se ha negado a renovar un acuerdo alcanzado en 2021 para pagar por contenidos de medios australianos publicados en sus plataformas, podría verse especialmente afectada por esta legislación.
“no hacer nada y permitir que el problema se agrave no es una opción”
Michelle Rowland
A pesar de estas sanciones, la ley no dará poder a la ACMA para eliminar contenidos individuales o cuentas de usuarios. La responsabilidad de gestionar los contenidos permanecerá en manos de las plataformas, que deberán cumplir con sus propias políticas internas y términos de servicio.
Este proyecto se presenta en un contexto más amplio de propuestas legislativas en Australia que incluyen medidas contra el “doxing” —la divulgación de información personal en línea sin consentimiento— y la imposición de límites de edad para el acceso a redes sociales.
La lucha contra la desinformación en las redes sociales es una preocupación global. La Unión Europea ya implementó la Ley de Servicios Digitales en 2022, que obliga a las plataformas a eliminar contenido ilegal, falso o perjudicial. Francia, Alemania y Brasil también han adoptado medidas similares para enfrentar este desafío creciente.
